Escrivá sigue sin mandar la propuesta final del fondo público de pensiones que quiere aprobar ya

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones aún no ha remitido ni a las gestoras ni a los agentes sociales la propuesta definitiva del fondo público de pensiones que el jefe del departamento, José Luis Escrivá, quiere aprobar ya. Además, según fuentes consultadas por este diario, la información facilitada, por ahora, es insuficiente desde el punto de vista de los incentivos a las empresas y plantea serias dudas en términos de gobernanza.

En realidad, el Gobierno ya aprobó en noviembre esta iniciativa, pero ahora volverá a pasar por el Consejo de Ministros, tras un periodo de audiencia pública, para posteriormente iniciar su tramitación parlamentaria. Fuentes gubernamentales señalan que, aunque no hay una fecha concreta para que la propuesta vaya al gabinete, sí que “será muy pronto”. Se especula con la posibilidad de que sea tan pronto como el próximo martes.

En cualquier caso, el Gobierno de coalición tiene comprometida la fecha del 30 de junio con la Comisión Europea, ya que la Ley Reguladora para el impulso de los planes de pensiones de empleo, que, defiende el Ejecutivo responde a las recomendaciones del Pacto de Toledo y a algunas consideraciones de la AIReF, está contemplada en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, del que Sánchez debe dar cuentas en Bruselas, así como en los Presupuestos Generales del Estado.

Tras la aprobación de la Ley debe desarrollarse el reglamento y, por último, los pliegos de condiciones de adjudicación de gestoras, con lo que en la industria se contempla la posibilidad de que el fondo público de pensiones esté listo a finales de año.

Comisiones y requisitos

Este macrofondo estará compuesto por diferentes planes de empleo de impulso público. Como por razones de técnica legislativa, las comisiones están reguladas a nivel reglamentario, y no a rango legal, será en el momento en el que la Ley se desarrolle cuando se conozca el límite impuesto por el Ejecutivo al cobro de las gestoras por la administración de estos vehículos. En algunas de las diferentes versiones del anteproyecto de ley, el departamento de Escrivá contemplaba una comisión máxima del 0,3%, una cuestión que, debido a las críticas del sector, habría sido retirada.

Igualmente, serán los pliegos de contratación los que definan los requisitos para gestionar los distintos planes. Según el primer borrador, sólo las gestoras con más de 1.000 millones de euros en fondos de pensiones y los bancos depositarios con más de 10.000 podrán optar a su gestión, un baremo que deja fuera a muchas de las firmas independientes del país.

Desde Inverco dejan claro que, si bien el segundo pilar del sistema de pensiones, referido a los planes de empleo, es fundamental no se debe abandonar el desarrollo del tercer pilar, los planes de pensiones individuales. Sin embargo, en los últimos dos años, el Gobierno ha recortado de 8.000 a 1.500 euros la aportación máxima a estos productos de ahorro que se puede desgravar, beneficiando a los planes de empresa.

Incentivos y gobernanza

Una de las críticas que se hacen desde el sector se hace el proyecto del fondo de pensiones de impulso público es que, aunque el Gobierno ha dado pasos positivos en los diferentes borradores que ha ido elaborando, algunas cuestiones son «insuficientes». Por ejemplo, se excluyen las aportaciones de las empresas de la base de cotización de los trabajadores pero con un tope.

Otra de las críticas es la no inclusión de algún mecanismo de «cuasiobligatoriedad, y/o adscripción automática del trabajador» a un plan de pensiones de empleo, al estilo del autoenrolment de Reino Unido. «Ahora mismo, el proyecto sólo contempla la negociación colectiva entre empresa y representantes de los trabajadores respecto a la previsión social, que se ha demostrado claramente insuficiente y poco estimulante durante los últimos años para el desarrollo de la previsión social complementaria» explican las fuentes consultadas. Por ello, señalan las mismas fuentes, también debería modificarse el Estatuto de los Trabajadores para establecer la obligación de negociar y no de acordar un plan de pensiones.

Asimismo, fuentes del diálogo social apuntan, a un problema de gobernanza. Dos órganos de gobierno regirán el devenir de estos planes: la Comisión Promotora y de Seguimiento y la Comisión de Control Especial. La primera de ellas estará compuesta por nueve altos funcionarios de diferentes ministerios de corte económico, mientras que la segunda, estará constituida por once miembros, con mayoría procedente del departamento de Escrivá pero en el que también tendrán representación los sindicatos y la patronal.